dijous, 14 de desembre de 2017

LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE ESCOLAR COMO INSTRUMENTOS DE LA ACCIÓN PUBLICA EN SALUD, EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL




           El Manifiesto del “Año internacional de la educación física y el deporte, 2005”, de la ONU, reconoce que el desarrollo del Deporte y la Educación Física, debe entenderse como un aliado de pleno derecho del ser humano y debe ser considerado, por tanto, un elemento esencial en la elaboración de las políticas públicas, especialmente en los ámbitos educativo, social, económico y de salud. El deporte y la educación física son derechos fundamentales de los ciudadanos y, por lo tanto, deben ser considerados servicios de interés público.

Los resultados del Informe sobre el Estado de la Salud en la Unión Europea (2017), realizado por la Comisión Europea, revelan que España es una de las regiones con más personas sedentarias. El sedentarismo conduce a la aparición de la obesidad. En nuestro país, uno de cada seis adultos son obesos y la tasa de sobrepeso juvenil es del 20%, superando a la media (18%). Según la OMS, entre 1975 y 2016, la prevalencia de la obesidad ha aumentado en niños del 3% al 12% y en niñas, del 2% al 8%.

La obesidad está asociada a numerosos factores de riesgo, sobre todo  enfermedades cardiovasculares como la hiperlipidemia, hiperinsulinemia, hipertensión, diabetes, arterioesclerosis, etc. Los problemas de salud derivados del sobrepeso suponen, según el Ministerio de Sanidad el 7% del gasto sanitario. Además, los niños que son obesos a los 9 y 10 años tienen 12 veces más riesgos de serlo a la edad adulta. Si a los 15 ó16 persiste esta tendencia, todavía aumentará más el riesgo.

La obesidad es un problema multifactorial (exceso de dieta, malos hábitos sociales, descanso insuficiente, etc.). Una de las principales causas es la falta de actividad física. Encuestas de la Consellería de Sanidad nos indican que casi el 50% de la población valenciana no realiza ningún tipo de ejercicio físico.

El deporte escolar y la educación física se dirigen a la población más joven. Las actividades físico deportivas que promueven, mejoran las capacidades físicas y psíquicas actuales de los sujetos, promoviendo su salud; facilitan la adquisición de hábitos saludables para toda la vida, convirtiéndose en un instrumento de prevención de enfermedades, lucha contra la obesidad y el sedentarismo.

Por otro lado, en el ámbito de la educación y el desarrollo personal, el deporte y la educación física contribuyen a la formación del carácter y la personalidad; al proceso de adquisición de la autonomía personal; permiten la adquisición de competencias básicas y específicas del deporte; mejoran el equilibrio psicológico y emocional. 

Con objeto de promover los beneficios psicológicos y físicos, que aportan la educación física y el deporte escolar a nuestra juventud, las administraciones deben asumir un papel proactivo y convertir dichos beneficios en objetivos de la acción pública.

Además, en el ámbito de la cultura la cohesión social y la inclusión, el deporte y la actividad física facilitan el aprendizaje de habilidades sociales, valores de integración, normas de comportamiento, etc.; ofrecen alternativas de ocio activas/positivas; facilitan la resolución de conflictos, la prevención de conductas de riesgo; se convierten en herramientas educativas de primer orden para luchar contra la violencia, la intolerancia y demás lacras sociales, promoviendo la convivencia y la paz.

Llegados a este punto, podemos afirmar que el deporte y la actividad física se han convertido, en uno de los instrumentos más importantes, que en manos de la administración, pueden servir a las políticas, educativas, de salud pública, integración y bienestar social. Los beneficios demostrados justifican, sobradamente, la intervención de los poderes públicos en el fomento y desarrollo de la actividad física y el deporte en cada uno de los ámbitos territoriales y competenciales de las diferentes administraciones (Ayuntamientos, Diputaciones, Comunidades Autónomas, Estado). 

Los principales organismos internacionales (Naciones Unidas, Consejo de Europa, la OMS…) y también instituciones a nivel nacional (Universidades, el CSD, la FEMP, las Comunidades Autónomas…), han establecido directrices y recomendaciones que abogan por el fomento y la promoción de la educación física y el deporte escolar. Entre otras, destacamos las propuestas del manifiesto de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en el marco del “Año Internacional de la Educación Física y el Deporte”:

-       El deporte y la educación física deben ser considerados elementos esenciales en la elaboración de las políticas públicas, especialmente en los ámbitos educativos, sociales, económicos y de salud.

-       El deporte y la educación física constituyen un elemento fundamental de los sistemas educativos, y el hábito universal de su práctica contribuirá a crear una sociedad cada vez más saludable.

La ley 2/2011 del deporte y la actividad física de la Comunidad Valenciana, regula, de forma general, el fenómeno deportivo y lo asocia claramente, a los ámbitos de la educación, la salud y la adecuada utilización del ocio, poniendo especial énfasis en la población escolar y juvenil.

Sin embargo, a pesar de ser el deporte en edad escolar una de las principales líneas de actuación de la Generalitat, esta ley, no ha llegado a reglamentarse, privándonos así de una norma reguladora que determine y establezca los elementos esenciales y las condiciones que deben cumplir las actividades deportivas dirigidas a los más jóvenes para que respondan a las finalidades educativas, sanitarias y sociales que establece nuestro marco normativo.

El artículo 9 se refiere al Consell Assessor de l’Esport y establece que:

2. Dentro del Consell Assessor de l’Esport se crea la Comisión Permanente del Deporte en Edad Escolar, para coordinar las políticas deportivas que se desarrollen en esta materia.

Reglamentariamente se establecerá su estructura y funciones, así como su composición, que podrá alterar la del Consell Assessor de l’Esport para dar entrada a representantes de sectores de la sociedad valenciana que se encuentren implicados en el desarrollo y promoción del deporte en edad escolar.

Entre sus funciones destacará la elaboración del marco autonómico de la actividad física y el deporte en edad escolar de la Comunitat Valenciana.

El artículo 18 se refiere al personal docente que imparte la asignatura de educación física en los centros escolares no universitarios de la Comunitat Valenciana. Según este artículo, la Generalitat, a través del órgano competente en materia de educación: establecerá las medidas necesarias para el reconocimiento y compensación, en su caso, del personal docente vinculado a los programas y actividades citados en el apartado anterior.

El artículo 56 establece que reglamentariamente se regularán las entidades de deporte en edad escolar, previo informe de la Comisión Permanente del deporte en edad escolar, en el plazo de un año.

Por otro lado y, a pesar de haber incrementado, en los últimos tres años, el presupuesto destinado a programas deportivos dirigidos a la población escolar, los recursos destinados resultan escasos e insuficientes dada la importancia de los beneficios sanitarios, educativos y sociales que se pueden conseguir con esta promoción. Todavía nos encontramos en niveles muy bajos de inversión pública en deporte en general y en deporte escolar en particular.

En estos momentos, debemos avanzar en la línea de una mayor regulación que permita abordar, con garantías, la promoción del deporte en edad escolar, desde su dimensión más educativa y social. Para ello consideramos esencial el desarrollo de la Ley 2/2011, de 22 de marzo, del deporte y la actividad física de la Comunidad Valenciana, sobre todo en aquellos artículos referidos al deporte en edad escolar: la creación de la Comisión Permanente del deporte en edad escolar, la regulación de las compensaciones y reconocimiento del personal docente vinculado a los programas deportivos extraescolares y la regulación de las entidades de deporte en edad escolar. Tres medidas que pueden fomentar la participación y la calidad de los programas deportivos dirigidos a la población en edad escolar.

Por otro lado, los programas de fomento del deporte en edad escolar deberían seguir aumentando su dotación presupuestaria con objeto de compensar la deuda histórica en inversión por escolar que ha sufrido la Comunidad Valenciana.



POR TODO ELLO SE PROPONE



1.                La creación de la Comisión Permanente del deporte en edad escolar. Un órgano asesor y consultivo formado por los principales agentes generadores de práctica deportiva entre los jóvenes. Dicho organismo deberá estar representado al menos, entre otras, por las siguientes entidades o representantes:

a.       de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deportes.
b.      de la Consellería de Sanidad.
c.       de la Consellería de Bienestar Social.
d.      del Instituto de las mujeres.
e.       del IVAJ.
f.       del Consell Escolar Valencià.
g.      del Colegio de Licenciados en Educación Física (COLEFCAFD).
h.      de la CONFEDECOM.
i.        de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.
j.        de la Asociación de gestores deportivos profesionales de la CV (GEPAC)

Este órgano deberá reunirse, al menos, tres veces al año, pudiéndose formar comisiones internas de estudio sobre temas concretos.
Su principal labor será la elaboración del marco autonómico de la actividad física y el deporte en edad escolar de la Comunitat Valenciana. Documento final, fruto de la planificación que deberá ser elevado al gobierno valenciano para que este acuerde la promulgación del respectiva norma administrativa.
Además, la Comisión emitirá informes y estudios relacionados con el ámbito del deporte en edad escolar, por iniciativa propia o encargo del gobierno. Sus conclusiones y propuestas, se tendrán en cuenta en los dictámenes y resoluciones, así como en cualquier expediente que genere el gobierno valenciano en relación al deporte escolar, formando parte de la documentación de dichos expedientes.

2.                 Instar a la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte a desarrollar una norma administrativa que establezca las medidas necesarias para el reconocimiento y compensación, en su caso, del personal docente vinculado a los programas y actividades deportivas extraescolares en los centros docentes no universitarios de la Comunidad. Al mismo tiempo se debería aumentar suficientemente la dotación presupuestaria destinada al fomento de los proyectos deportivos en los centros educativos para que se conviertan en auténticos promotores de la actividad física y el deporte.

3.                  Instar a la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte a desarrollar el artículo  56 de la Ley 2/2011, de 22 de marzo, del deporte y la actividad física de la Comunidad Valenciana, por el que se deben regular las entidades de deporte en edad escolar. Esta figura clave para la promoción del deporte en edad escolar deberá regularse teniendo en cuenta las aportaciones e informes de la Comisión Permanente del deporte en edad escolar. A través de esta figura multideportiva (realidad en los centros escolares) podrán vehicularse los programas de fomento de las actividades deportivas extraescolares en los centros educativos, convocatoria de subvenciones, etc. (PACO ORTS)

dimecres, 29 de novembre de 2017

EL PROBLEMA DE LOS NIÑOS EXTRANJEROS PARA ACCEDER AL DEPORTE FEDERADO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA.


El programa electoral del PSPV PSOE a las elecciones autonómicas de mayo de 2015, presentaba en su propuesta nº 9 lo siguiente:




PROGRAMA ELECTORAL PSPV-PSOE

ELECCIONES AUTONÓMICAS - MAYO 2015


ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE


            En la sociedad actual, la práctica de la actividad física y el deporte es un derecho recogido en nuestra legislación autonómica. Los ciudadanos y ciudadanas de la Comunitat Valenciana tenemos derecho a practicar y conocer el deporte y la actividad física, y los poderes públicos tienen la obligación de garantizar este derecho.


PROPUESTA 9


9. Resolveremos las barreras administrativas, sociales y de cualquier otro tipo para que los extranjeros residentes en la Comunitat Valenciana gocen de los mismos derechos en el deporte. Fundamentalmente, se atenderá a la población menor de edad a la que no se le puede conculcar el derecho a jugar y participar de la vida cultural y social.


Al niño, no se le puede limitar el derecho a jugar. En caso contrario, se incumplirían los Derechos del niño, proclamados por la UNESCO.


Además, el deporte como juego que es para el/la niño/a, bien encauzado representa un excelente instrumento de integración social.


Desde el gobierno valenciano se garantizará este derecho a todos los niños y niñas residentes legalmente en España y se eliminará cualquier obstáculo o restricción que impida o dificulte su participación y la de sus familias en las actividades deportivas no profesionales que se organicen.


El principio de igualdad de trato en el deporte deberá estar garantizado. No son aceptables normas o comportamientos discriminatorios basados en el origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad.




No puede ser que en la actualidad los niños y niñas que llegan a España por diferentes motivos (refugiados, estudiantes, inmigrantes por motivos económicos, por motivos de trabajo, políticos, etc...) se encuentren con tantas trabas administrativas a la hora de poder participar en las competiciones federadas. Competiciones que por otro lado son públicas y que están delegadas a las Federaciones según la Ley del deporte. En algún caso los trámites para obtener una licencia federada (que tiene carácter público) son más largos que la propia estancia del menor en nuestro país.

Las normas federativas internacionales como las que la  FIFA impone a sus asociados no casan siempre bien con las leyes nacionales o autonómicas. Los motivos de la FIFA son loables, acabar con la trata de jugadores menores de edad en el mundo. Sin embargo la aplicación de dichas normas en los contextos regionales debería ser proporcional. Esta bien que se apliquen estas garantías para los equipos profesionales que tienen intereses especulativos y de rendimiento deportivo con los jóvenes talentos, pero resultan muy injustas para el resto.

Desde el Fórum de l'esport instamos a las partes a que dialoguen para alcanzar una medida justa, proporcional que defienda el derecho del menor a jugar y practicar el deporte que le gusta. Es un derecho universal. Una propuesta sencilla para hacer compatible la norma federativa internacional con el derecho del niño a jugar seria: tramitar una licencia provisional para no retrasar el tiempo de incorporación del niño al deporte. Los trámites administrativos podrían continuar realizándose hasta conseguir todas las garantías necesarias por parte de la Federación.

(PACO ORTS)





EL PROBLEMA DELS XIQUETS ESTRANGERS PER A ACCEDIR A l'ESPORT FEDERAT A LA COMUNITAT VALENCIANA.


El programa electoral del PSPV PSOE a les eleccions autonòmiques de maig de 2015, presentava en la seua proposada nº 9 el següent:





PROGRAMA ELECTORAL PSPV-PSOE


ELECCIONS AUTONÒMIQUES - MAIG 2015

 
ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT

            En la societat actual, la pràctica de l'activitat física i l'esport és un dret arreplegat en la nostra legislació autonòmica. Els ciutadans i ciutadanes de la Comunitat Valenciana tenim dret a practicar i conèixer l'esport i l'activitat física, i els poders públics tenen l'obligació de garantir aquest dret. 


PROPOSTA 9

9. Resoldrem les barreres administratives, socials i de qualsevol altre tipus perquè els estrangers residents a la Comunitat Valenciana gaudisquen dels mateixos drets en l'esport. Fonamentalment, s'atendrà a la població menor d'edat a la qual no se li pot conculcar el dret a jugar i participar de la vida cultural i social.

Al xiquet, no se li pot limitar el dret a jugar. En cas contrari, s'incomplirien els Drets del xiquet, proclamats per la UNESCO.

A més, l'esport com a joc que és per al/la xiquet/a, ben canalitzat representa un excel·lent instrument d'integració social. 

Des del govern valencià es garantirà aquest dret a tots els xiquets i xiquetes residents legalment a Espanya i s'eliminarà qualsevol obstacle o restricció que impedisca o dificulte la seua participació i la de les seues famílies en les activitats esportives no professionals que s'organitzen.
 

El principi d'igualtat de tracte en l'esport haurà d'estar garantit. No són acceptables normes o comportaments discriminatoris basats en l'origen nacional o ètnic que tinga per objecte o per resultat anular o menyscabar el reconeixement, gaudi o exercici, en condicions d'igualtat.


No pot ser que en l'actualitat els xiquets i xiquetes que arriben a Espanya per diferents motius (refugiats, estudiants, immigrants per motius econòmics, per motius de treball, polítics, etc...) es troben amb tantes traves administratives a l'hora de poder participar en les competicions federades. Competicions que d'altra banda són públiques i que estan delegades a les Federacions segons la Llei de l'esport. En algun cas els tràmits per a obtenir una llicència federada (que té caràcter públic) són més llargs que la pròpia estada del menor en el nostre país.

Les normes federatives internacionals com les que la  FIFA imposa als seus associats no casen sempre bé amb les lleis nacionals o autonòmiques. Els motius de la FIFA són lloables: acabar amb la tracta de jugadors menors d'edat en el món. No obstant açò l'aplicació d'aquestes normes en els contextos regionals hauria de ser proporcional. Estem d'acord que s'apliquen aquestes garanties per als equips professionals que tenen interessos especulatius i de rendiment esportiu amb els joves talents, però resulten molt injustes per a la resta.


Des del Fórum de l'esport instem a les parts a dialogar per aconseguir una mesura justa, proporcional que defense el dret del menor a jugar i practicar l'esport que li agrada. És un dret universal. Una proposta sencilla per a fer compatible la norma federativa internacional amb el dret del xiquet a jugar seria: tramitar una llicencia provisional per a no retrasar el temps d'incorporació del xiquet a l'esport. Els tràmits administratius podrien continuar realitzant-se fins aconseguir totes les garanties necessàries per part de la Federació.

(PACO ORTS)

diumenge, 3 de setembre de 2017



La gestión pública de las instalaciones deportivas





La política dotacional de instalaciones deportivas en la Comunidad Valenciana ha sido caótica, en algunos casos ha aportado escasa financiación y sobre todo partidista. La ausencia de planificación y el quedar bien con el alcalde amigo ha sido la nota habitual. Aun así, el parque de instalaciones deportivas ha mejorado mucho en los últimos 15 años. Los Ayuntamientos han realizado un enorme esfuerzo de inversión aprovechando la burbuja económica. No siempre ha sido una inversión planificada, ni ha respondido a una necesidad ciudadana medida, sino más bien al efecto de una moda, a un capricho electoral. Fruto de esta nefasta actuación pública, ahora, nos encontramos con instalaciones cerradas (alguna piscina cubierta, pabellón, etc.) o con escasa afluencia de usuarios, instalaciones caras y difíciles de gestionar. Por otro lado, existen todavía muchas necesidades deportivas por cubrir para conseguir un equilibrio territorial que permita el acceso al deporte a todos los ciudadanos y ciudadanas en las mismas condiciones de práctica.

No obstante, cuando se ha invertido en instalaciones deportivas se ha dignificado la práctica por la calidad de las nuevas instalaciones y los materiales empleados, en general. Se han sustituido las antiguas infraestructuras deportivas por nuevas y modernas instalaciones deportivas de última generación. Un ejemplo claro son los campos de fútbol de césped artificial (ahora sabemos que el Plan de Césped artificial del Sr. Rus en la Diputación de Valencia sirvió a asuntos oscuros que se están investigando, pero este es otro tema).  

Tras la crisis del 2008, sobre todo, los Ayuntamientos se vieron incapaces de asumir los costes de mantenimiento de dichas instalaciones y algunos optaron por delegar esta tarea en los clubes locales. Sin embargo, la relación entre el club y el Ayuntamiento no siempre se ha sabido regular respetando la normativa administrativa que impone el régimen local y la contratación pública. Basta comprobar la ausencia de procedimiento licitatorio en la adjudicación de polideportivos, piscinas, salas y tatamis, entre otras muchas… que se gestionan sin un título legítimo y en competencia desleal frente a otras entidades especializadas en la gestión deportiva.

En el mejor de lo casos encontramos unos instrumentos jurídico creados ad-hoc: el “convenio de colaboración o gestión” con el cual, con más voluntad que acierto, los responsables municipales han pretendido regular la gestión, por parte de un club, de determinada instalación deportiva, fijando los derechos y obligaciones de ambas partes. Con la actual legislación la mayoría de estos convenios se encuentran deslegitimados. Sin embargo, algunos Ayuntamientos mantienen esta situación irregular.

Este modelo de gestión ha evidenciado graves problemas y distorsiones que han ido apareciendo a lo largo de los años. En primer lugar, destaca la falta de experiencia y cualificación del personal del club para mantener y reparar las instalaciones especializadas (por ejemplo el césped artificial), así como otras instalaciones de servicio como bombas de agua, acumuladores, luminarias, etc. Esta situación ha influido en el rápido deterioro de las instalaciones.

Otro de los problemas observados hace referencia a la gestión de los bares y espacios auxiliares, publicidad estática (sin permiso del Ayuntamiento) que, en algún caso, se han asociado a la gestión de la instalación y han sido explotados irregularmente por un club, incluso subarrendando el servicio para obtener más beneficios económicos. También ha sido habitual la falta de limpieza y condiciones higiénicas en general, tanto en bares, espacios auxiliares como en las propias instalaciones.

En ocasiones los clubes, ante la falta de iniciativa del Ayuntamiento o por simple capricho de sus directivos, han realizado obras sin la autorización correspondiente (gradas, cobertizos, almacenes, etc.) en la propia instalación. Todas estas acciones irregulares de los clubes, han puesto en evidencia la falta de capacidad y reacción de algunos Ayuntamientos que se ha visto desbordados.

Se puede concluir, tras evaluar la gestión de estas instalaciones deportivas municipales que el modelo de gestión utilizado ha provocado innumerables problemas relacionados, por un lado, con la falta de especialización de los clubes para gestionar y mantener estas instalaciones y, por otro lado, con la patrimonialización del bien público por parte de algunos clubes, que ante la dificultad de control y falta de capacidad del Ayuntamiento, han actuado como si fueran los propietarios, explotando la instalación de forma privada.


Uno de los ejemplos más claros de este modelo de gestión es la de los campos de fútbol.

Habitualmente nos encontramos a un club gestionando una instalación municipal sin ningún instrumento jurídico que regule dicha gestión o con convenios finalizados o rebasados por la legislación actual. Esta situación genera una enorme inseguridad jurídica.

En algunas ocasiones se incumple el principio de igualdad de trato y libre concurrencia, ya que, en el municipio existe más de un club y no todos pueden optar a gestionar estas instalaciones. ¿Por qué unos si y otros no? La mayoría de las veces nos encontramos con una decisión arbitraria.

La mayoría de los clubes piden gestionar los campos de fútbol, ya que les sitúa en una posición de ventaja sobre los demás clubes. Sin embargo, solo unos pocos tienen este privilegio. El club gestor elige los horarios, fija la planificación de la instalación y controla su disponibilidad. Los demás clubes dependen de la mediación del Ayuntamiento para mantener la posibilidad de disponer de campo. Lógicamente, aparecen los conflictos entre clubs que luchan por los mejores horarios de entrenamientos y partidos.

Además, gestionar un campo de fútbol municipal se ha convertido en una oportunidad económica para el club gestor, que actúa como entidad sin ánimo de lucro y, por tanto, con ventaja frente a otro tipo de entidades que pagan sus tributos por la actividad económica que generan. Los clubes fijan las cuotas de los usuarios (jugadores, deportistas). Se ha podido comprobar que los precios de las cuotas oscilan entre los 400 y los 800 € anuales por jugador. Además, los clubes obtienen beneficios de bares (que en algunos casos tampoco se pagan tributos), del patrocinio y la publicidad estática, incluso de alquileres del campo a entidades y empresas durante los huecos que deja la actividad propia y, hasta de eventos o actividades como campus deportivos, tecnificación, la venta de material, etc. Toda esta actividad económica deja bastante dinero en caja. Estos beneficios no son siempre declarados al Ayuntamiento. Estamos ante una verdadera explotación económica, ante un servicio privado de los clubes que gestionan instalaciones públicas a cambio del mantenimiento de dicha instalación que, como se ha comentado anteriormente, deja mucho que desear. Mientras tanto el Ayuntamiento sigue invirtiendo millones de euros para reponer lo deteriorado (por ejemplo el césped artificia).

Pero además de esta situación irregular, resulta preocupante el desarrollo de la propia actividad deportiva de los clubes, que escapa al control del Ayuntamiento como todo lo demás. Una actividad que debería orientarse hacia las finalidades públicas, sociales, como la educación, la protección de los menores, la promoción del fútbol femenino, la igualdad de oportunidades y la inclusión, etc., ha derivado, en la mayoría de los casos, a la reproducción de un modelo profesionalizado del fútbol, dónde prima el rendimiento deportivo por encima de la finalidad social, la victoria a todo precio, la actividad económica, etc. Una actividad privada alejada de lo público.

Es más rentable formar equipos de chicos que de chicas. Los horarios mejores los disfrutan los equipos de superior categoría, después los equipos de promoción y finalmente las chicas, en el mejor de los casos.

El acceso a estos campos municipales de fútbol se limita a aquellos que pueden pagar más de 400 € al año para que su hijo juegue en uno de estos clubes.

Los clubes intentan seleccionar jugadores para aumentar su nivel deportivo. El prestigio deportivo, sin duda, atraerá a nuevos usuarios y, por tanto, mayores ingresos. Si para ello es necesario fichar a jugadores de otros municipios, los clubes no se lo piensan y dejan sin jugar a los chavales del pueblo o del barrio. Esta estrategia genera innumerables conflictos entre los clubes que ven cada verano como tienen que luchar con padres y otras directivas para retener a sus mejores jugadores.

Cuanto mayor sea el nivel deportivo del club mayores cuotas se podrán cobrar y el negocio mejora en expectativas. Sin embargo, el negocio no se plantea a largo plazo, ya que no importa mucho que los entrenadores (principal recurso para la formación), estén cualificados y contratados laboralmente, garantizando así la seguridad de los menores y los propios derechos laborales de los entrenadores. Más al contrario, todavía encontramos entrenadores sin ninguna cualificación y cobrando en negro (salvo excepciones).

El “Scouting” está de moda. Se trata, básicamente, de la función que tradicionalmente realizaban los “ojeadores” de toda la vida. El fútbol municipal se ha convertido en un mercado. Como decía el autor francés de la obra “ninguna medalla vale la salud de un niño”, se busca ganado joven para, después, venderlo al mejor precio.

Los conflictos entre clubes son continuos. Se quitan los jugadores unos a otros. Todo por mantener su posición de privilegio. Estos conflictos, a veces, llegan hasta el campo cuando se enfrentan los equipos en partidos de liga, produciendo incidentes de violencia verbal incluso física. La Federación nos podría contar como algunos de los clubes le piden no enfrentarse con el vecino para evitar el drama.

Definitivamente, el modelo de gestión que se pretendía y que debería imitar el desarrollo de unas auténticas escuelas deportivas, cuyo principal objetivo es la transmisión de valores, la creación de hábitos saludables, la participación del barrio, etc., nunca ha llegado a materializarse en estos casos. En cambio impera la competitividad, la patrimonialización del bien público y la mercantilización de la actividad.

¿Por qué se mantiene este modelo de gestión? ¿Por qué no se ha actuado todavía si esto se conoce? ¿Qué intereses impiden cambiar el modelo? ¿Se podría calificar de prevaricación la actuación del Ayuntamiento que “a sabiendas” de lo que ocurre no pone remedio a las problemáticas jurídicas expuestas?

En algunos Ayuntamientos estas preguntas han caído en saco roto. Algún día tendrá que enfrentarse el problema, pero de momento parece que se prioriza otro tipo de política más conservadora, “mirar hacia otro lado”. El fútbol espanta al responsable político, por su carácter mediático. No se sabe cómo hacer frente a esta distorsión de la acción pública. Se construyen las instalaciones deportivas con el objetivo de promover un deporte para todos, de carácter social, que estimule los hábitos saludables, promueva el asociacionismo, etc., y nos encontramos con auténticos negocios y cambalaches, con clubes que fácticamente se convierten en propietarios del bien público y que retan continuamente a los responsables políticos y/o les amenazan con echarles encima a los participantes si el Ayuntamiento nos e pliega a sus intereses.

 Todo, porque desde el principio no se han puesto las condiciones necesarias para asegurar y proteger la actividad deportiva y a los deportistas o participantes. El programa electoral del partido socialista proponía la fórmula de “gestión participada” como alternativa a los actuales convenios de colaboración entre los clubes y los Ayuntamientos.


Tomando como base la opinión de los expertos la solución a este grave problema, pasa por la “gestión participada”. Si queremos mantener un equilibrio entre la promoción del deporte, en defensa de las finalidades públicas (su función social) y, la sostenibilidad económica del servicio, el modelo de gestión participada es el más adecuado y equilibrado.

Los clubes deben dedicarse a gestionar las actividades y, el Ayuntamiento a mantener las instalaciones deportivas. Los clubes pueden ayudar pero no ocuparse de esta tarea especializada.

Por otro lado, ningún club debe recibir más privilegios que otros. No puede haber una decisión arbitraria. Es necesario consensuar un programa deportivo que sea respetado por todos y que garantice un deporte de calidad y los derechos de los deportistas, participantes. Sobre todo el derecho educativo de los menores, es decir, el derecho superior que tienen los menores de recibir la mejor formación posible. La Administración debe garantizar estos derechos procurando que los clubes aporten los mejores entrenadores, programaciones didácticas como las auténticas “escuelas deportivas”, material homologado y una dirección técnica cualificada que coordine la actividad no solo deportiva sino también pedagógica. Facilitar la incorporación de las chicas a todos los equipos y campos. Priorizar el acceso de los niños y niñas del barrio. También es necesario controlar los gastos, ajustar las cuotas al precio real del servicio y garantizar el acceso de aquellos que no pueden pagar por encontrarse en situación de riesgo de exclusión social (sistema de becas, ayudas…).

La fórmula de la gestión participada, para gestionar este tipo de instalaciones, ya se ha experimentado en algún municipio con notable éxito. Por un lado, los clubes pueden crecer y beneficiarse de los servicios municipales y, por otro, el Ayuntamiento promueve un deporte educativo y sano que es su obligación. El Ayuntamiento, en este caso debe vigilar el cumplimiento del programa y exigir a los clubes que cumplan con sus obligaciones: ayudar en la gestión de la instalación y respetar las exigencias legales y desarrollar el programa educativo.

¿Se extenderá próximamente este modelo o continuaremos mirando hacia otra parte? ¿Es mejor resignarse y esperar a que se solucionen, por si mismos, los problemas que ocasiona el modelo de gestión por convenios? En alguna ocasión hemos escuchado a responsables municipales y/o directivos de clubes decir que “el deporte del fútbol es así”.

Sin embargo, la verdad es que el fútbol es como lo hacemos las personas. Hay buenos y malos directivos, interesados y desinteresados. Lo apropiado es ofrecer desde la acción pública un modelo de gestión, de las instalaciones deportivas, sostenible y equilibrado para fomentar un asociacionismo deportivo que verdaderamente contribuya a las finalidades públicas y, en definitiva, al interés general. Por otro lado, es preciso descartar y denunciar modelos que primen la arbitrariedad, fomenten la patrimonialización de las instalaciones públicas y el negocio fácil.

dimecres, 24 de maig de 2017

LA POTESTAD DE AUTO ORGANIZACIÓN EN EL SERVICIO DEPORTIVO MUNICIPAL (2ªParte)


Otra tarea menos vistosa para un político, pero de gran calado para una administración, es la tarea de regularizar los diferentes desfases de gestión, de todo tipo, que se han producido a lo largo de estos últimos años. ¿Cómo actuar frente al vencimiento de ciertas concesiones administrativas? ¿Se deben renovar las concesiones? ¿Se deben recuperar las instalaciones para gestionarlas directamente?

Por otro lado situaciones de precariedad, de inseguridad jurídica, en algunas instalaciones que han sido cedidas a entidades o empresas deportivas, a través de convenios impropios, etc. ¿Cómo se van a gestionar: de forma directa, indirecta, a través de concesiones administrativas...? Uno de los modelos de gestión que nuestro programa electoral proponía para hacer frente a las necesidades de los Ayuntamientos es la gestión participada. Exploremos las posibilidades que nos ofrece.

Además, está la previsión de las nuevas instalaciones deportivas que están en fase de aprobación u obra y que, presumiblemente serán inauguradas en los próximos dos años. Incluso cabe la incertidumbre sobre si aquellos proyectos de instalaciones deportivas previstos en los programas electorales se van a desarrollar finalmente.

A todo ello se une la preocupación por el estado de mantenimiento de las instalaciones deportivas que van envejeciendo a marchas forzadas ¿Qué supondrá en el futuro mantener este parque de instalaciones viejas? Césped artificial, luminarias, pavimentos de pistas polideportivas, vestuarios, calderas, piscinas climatizadas...

Toda esta compleja situación requiere de una tarea de estudio y previsión que, en muchos casos no se está realizando, lo que puede suponer un perjuicio sobrevenido en el futuro próximo, con consecuencias muy negativas para el servicio y los bienes municipales. Gobernar, también es tomar decisiones difíciles, de calado, que resuelvan problemas estructurales, aunque no sea tan vistoso como una foto en la carrera popular celebrada el domingo.

Otra de las aristas de esta problemática es el tema del personal o de recursos humanos. ¿Son suficientes los trabajadores que actualmente prestan sus servicios en la estructura municipal de deportes? ¿Van a ser necesarios más trabajadores para atender las necesidades futuras? ¿En qué funciones?, ¿para qué puestos de trabajo? Para contestar a estas cuestiones es necesario iniciar una tarea de planificación de recursos humanos que va unida a la planificación del propio servicio deportivo anteriormente citada.

         Habitualmente la política de recursos humanos dependerá de otras áreas municipales y también de la negociación colectiva, en la que intervienen los sindicatos. Nos podemos encontrar con situaciones muy complicadas: personas desubicadas de su puesto de trabajo, en funciones de superior categoría, trabajadores interinos con más de 10 años de servicio, bolsas de trabajo que reflejan una situación de provisionalidad y precariedad laboral que no debería consentirse y menos por un consistorio progresista.

Desde la lógica y la racionalidad, desde la justicia social, resulta bastante evidente que la primera tarea que debería encarar cualquier gobierno progresista, antes de arbitrar una oferta pública de empleo, es regularizar la situación de los trabajadores que forman parte de la plantilla. Además, parece lógico y racional que dicha regularización fuera de acorde a las actuales necesidades, estudiadas con rigurosidad, y que justificarían la promoción interna y la definición de los puestos de trabajo.

En la mayoría de los casos nos encontraremos con profesionales con gran experiencia que durante años han gestionado el servicio y que pueden contribuir a realizar bien el diagnóstico del estudio, a conseguir los objetivos. Lo inteligente será motivarles, ofrecerles la oportunidad de reivindicarse como profesionales. No caigamos en el error de pensar que ya estaban antes con otro consistorio y que no van a ser leales a su trabajo.

Solo a posteriori y con la transparencia correspondiente, la dirección debería ser capaz de explicar, no solo a la parte social, sino a toda la ciudadanía qué es lo que piensa hacer en el futuro y qué necesidades de personal va a tener. Solo entonces se entendería una nueva oferta de empleo y podría justificarse.


Cabe recordar, asimismo, que el Servicio deportivo municipal nace por la necesidad de gestionar una materia especializada como es el deporte y que se diferencia de la tarea de administración general que caracteriza a las Administraciones públicas; que el deporte evoluciona rápidamente en formas y estructuras y que es necesaria una formación especializada, de máximo nivel, para responder a los retos que día a día se presentan.

Acabaremos esta reflexión reivindicando nuestro origen proletario y social, defensor del trabajador, y continuaremos recomendando buenos gestores que sean capaces de aunar políticas sociales y eficacia en la gestión municipal del deporte. Esto significa conseguir el objetivo establecido en nuestro programa electoral con los medios puestos a disposición.


divendres, 12 de maig de 2017

LA POTESTAD DE AUTO ORGANIZACIÓN EN EL SERVICIO DEPORTIVO MUNICIPAL (1ªParte)



Las elecciones municipales han legitimado a los nuevos gobiernos locales para ejercer su potestad de auto organización. En materia de deportes los nuevos gobernantes han asumido las delegaciones correspondientes: concejalías de deportes, mancomunidades, consorcios, organismos autónomos, etc.

Se espera de esta nueva etapa, que se abrió el pasado mes de mayo de 2015, un cambio en las políticas deportivas municipales, sobre todo orientado hacia una función más social del deporte, tal y como se manifiesta en el programa electoral del PSPV-PSOE.

No obstante, la potestad de auto organización, no significa hacer lo que a uno le parece por el simple hecho de conseguir el poder, sino que tiene unos límites que es necesario analizar:

El primer límite lo imponen las propias competencias municipales. El Ayuntamiento, como administración local que es, se debe a las competencias establecidas en la legislación de régimen local, también en la ley del deporte. Dichas competencias se orientan al deporte para todos. El Ayuntamiento debe promover y atender el deporte más próximo al ciudadano, el deporte escolar, el deporte saludable, el deporte que practican los ciudadanos y ciudadanas, permitir el acceso de los más desfavorecidos, de aquellos grupos de la población que menores oportunidades tienen, etc. En definitiva promover un deporte de carácter social.


Este límite, significa debemos acabar con los privilegios que han obtenido durante muchos años determinadas entidades o personas afines. Nada dice la legislación vigente en relación a bonificar o eximir del pago de los precios públicos establecidos por el uso de las instalaciones y servicios deportivos municipales, a ciertas entidades particulares, de élite, tecnificación y hasta profesionales, con el detrimento añadido que esto supone para el erario público, además de la consiguiente limitación de acceso de los ciudadanos a las instalaciones municipales. ¿Qué diferencia hay entre privatizar las instalaciones y ceder las instalaciones a las entidades privadas sin apenas contraprestación? ¿Cómo se define el hecho de subvencionar a entidades deportivas que desarrollan una actividad económica sin control alguno? ¿Qué pasa con el posible beneficio económico que se genera? ¿Es posible que se beneficien algunos particulares de la explotación de las instalaciones deportivas municipales?
Los recursos públicos no pueden ir a parar a intereses particulares.

El segundo límite de la auto-organización es la propia situación heredada del anterior consistorio. ¿En qué estado se encuentran las instalaciones? ¿Qué programas deportivos están funcionando con éxito o satisfacción para el ciudadano? ¿Es posible soportar financieramente dicha estructura? Contestar a estas preguntas supone realizar un trabajo de medición y evaluación, que en algunas circunstancias resulta complejo, pero que no por ello deja de ser imprescindible, si lo que se persigue es ser eficiente en la gestión de los bienes y servicios públicos. Aunque, de alguna manera, el presupuesto anual refleja la cuantificación de dicha estructura, realmente debe existir un estudio riguroso que mida con exactitud la eficiencia de los recursos, tanto humanos como materiales. Debemos escapar de la tentación de reproducir el presupuesto de la anterior etapa de gobierno dando así continuidad a la política del gobierno anterior. También se debe evitar, realizar modificaciones de crédito sobre la marcha , improvisando o respondiendo a necesidades que podíamos haber previsto.
Es imprescindible evaluar y planificar con rigor y evitar la improvisación o el continuismo.



El tercer límite se refiere a la planificación a medio o largo plazo que debería realizarse, sobre todo, al inicio de una nueva etapa de gobierno. Tras el cambio de consistorio, se supone que la orientación de las políticas deportivas debe haber variado sustancialmente respecto a la etapa anterior. En esos momentos el programa electoral y los posibles acuerdos alcanzados con los socios de gobierno, en aquellos municipios dónde se gobierne en coalición, deberían guiar esta planificación.
Se deberían establecer los objetivos y los programas, así como la temporalización, para la puesta en marcha de los mismos. Un trabajo que requiere de diferentes estrategias, entre las que destacan, por un lado, la  participación ciudadana (sobre todo de aquellos grupos de interés en el deporte) y, por otro lado, de la conducción especializada y técnica del proceso de planificación por personal altamente cualificado en la materia.

En resumen y, trasladando esta reflexión a los responsables políticos que actualmente estén desarrollando tareas de gobierno:
-          Se deben evitar las competencias impropias, los intereses particulares. El interés general ha de primar y este se encuentra totalmente alineado con un deporte de carácter social.
-          Ha de existir un estudio riguroso que evalúe el actual nivel de eficiencia de los recursos públicos (humanos y materiales) puestos a disposición del servicio deportivo municipal.
-          Evitar el continuismo. No reproducir la estructura del presupuesto de anteriores ejercicios cuando gobernaba otro consistorio de signo político diferente.
-          Evitar las continuas modificaciones de crédito, lo que constata la falta de previsión.
-          Planificar a medio o largo plazo, realizando un diagnóstico participativo.
-          Tener como guía el programa electoral en materia de deportes.
-          Abrir procesos participativos para que los ciudadanos y ciudadanas, sobre todo, aquellos sectores más relacionados con el deporte, puedan expresar sus demandas y opiniones.

Solo actuando de esta manera se acometerá con auténtica responsabilidad la acción de gobierno y la auto organización del sistema deportivo municipal.